- El final del periodo transitorio establecido en el Real Decreto-Ley 13/2018 provoca un escenario de incertidumbre en un sector clave para el presente y el futuro de la movilidad urbana
- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está incumpliendo el objetivo indemnizatorio que tenía el periodo establecido en esta Ley sin tener en cuenta ni tan siquiera las consecuencias de la pandemia en la recuperación de esa inversión por parte de los titulares de licencias VTC, lo que desembocará en indemnizaciones por la responsabilidad patrimonial de la Administración
- La transferencia de competencias a las comunidades autónomas por parte del MITMA ha provocado la aprobación de regulaciones contrarias a Derecho y muy alejadas del objetivo natural de buscar el beneficio de los ciudadanos y la mejora de la movilidad urbana
- A pesar de las solicitudes de prórroga al MITMA por la pandemia por parte de comunidades autónomas, sindicatos, los titulares de autorizaciones, las patronales, el Gobierno ha rechazado los argumentos para solucionar un problema que afecta a miles de familias
Cabify, como empresa española de movilidad y plataforma líder en el sector VTC, observa con asombro cómo se mantiene desde hace años un maltrato continuo a este sector, a pesar de los indiscutibles beneficios que ha traído para los ciudadanos, empresas y turistas de las ciudades, ofreciendo alternativas de movilidad y reduciendo el uso de coches particulares. Las decisiones tomadas por los responsables políticos a nivel nacional han traído graves consecuencias que pueden desembocar en indemnizaciones multimillonarias y en la destrucción de empleo, reducción de oportunidades laborales y reducción de inversión en movilidad.
Solicitud de ampliación del plazo transitorio tras el impacto de la pandemia por parte de sindicatos, comunidades autónomas y patronales
En primer lugar, a un día para que termine el plazo transitorio del ‘Decreto Ábalos’, aún faltan varias comunidades autónomas por regular, lo que refleja que no se ha cumplido uno de los principales objetivos de la norma: que las propias regiones regulasen los trayectos urbanos acorde a sus necesidades. Algunas regiones están alegando que una regulación del sector abocaría a procesos judiciales y, de hecho, varias comunidades pidieron previamente al Gobierno central una moratoria para el sector por el impacto del COVID19. También lo pidieron las patronales del sector, los sindicatos y los titulares de autorizaciones. Todas estas peticiones han sido ignoradas o rechazadas.
Consecuencias para la movilidad del Decreto Ábalos
El Real Decreto-Ley 13/2018 supuso el detonante de lo que ha ocurrido en estos últimos meses, donde la necesidad de regular los trayectos urbanos por parte de las diferentes administraciones regionales ha dado como resultado la aprobación de regulaciones discriminatorias, contrarias a Derecho, emitidas como respuesta a presiones violentas y que olvidan el interés general y la mejora de la movilidad de las ciudades. La decisión del MITMA ha provocado que haya comunidades autónomas que hayan regulado el sector de la VTC sin tan siquiera tener en consideración al sector de la VTC, como ha ocurrido en Cataluña. O que haya regiones donde la precontratación no exige un tiempo mínimo de espera (Madrid), con precontratación impuesta de 15 minutos (Cataluña) o incluso de 60 minutos (Valencia). Todo ello sumado a otras exigencias o requisitos regulatorios que no persiguen mejorar la movilidad o facilitar su acceso, sino únicamente perjudicar al sector VTC.
La situación actual que atravesamos como sociedad requiere de mayores alternativas de movilidad urbana sostenibles e inclusivas. La eliminación de opciones perjudica a los ciudadanos y empresas, provocando mayor uso de otras opciones más contaminantes, principalmente coches particulares, y, con ello, mayores niveles de contaminación y el resto de problemas asociados que ello conlleva.
Incumplimiento del objetivo indemnizatorio
A pesar de que desde Cabify nos hemos mostrado abiertamente en contra del “Decreto Ábalos”, hemos cumplido escrupulosamente con él. Sin embargo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, está incumpliendo el objetivo indemnizatorio que tenía el periodo transitorio establecido en este decreto sin tener ni tan siquiera en cuenta las consecuencias de la pandemia en la recuperación de esa inversión por parte de los titulares de licencias VTC.
En este sentido, el denominado ‘Decreto Ábalos’, en su Disposición Transitoria Única, establece expresamente el carácter indemnizatorio de la habilitación temporal, de cuatro años inicialmente, y abre la posibilidad de una “indemnización complementaria” por el número de años que permita recuperar las inversiones realizadas, “contados a partir de la finalización del plazo de 4 años”. En este sentido, es evidente que la pandemia ha provocado que este plazo sea insuficiente, lo que derivará en reclamaciones multimillonarias por parte de los titulares de autorizaciones VTC[1].
Un sector abandonado
Los responsables de la regulación del sector VTC, tanto a nivel nacional, donde destaca el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como a nivel regional, no pueden abandonar al sector a su suerte, en este momento en el que empieza a recuperarse de la pandemia. La incertidumbre que vivimos hoy es perjudicial para empresas, autónomos y más de 25.000 familias que dependen directamente de este sector, que genera más de 2.000 millones de euros al año y que está realizando una importante inversión en materia de infraestructura y renovación de vehículos, entre otros.
[1] https://drive.google.com/file/d/1k0XNG1uZYeGULCxXebeWeF3h0MZGpaPb/view
