La incursión de drones en el Aeropuerto de Gatwick obligó a suspender todos sus vuelos
Ante la incursión de drones en los aeropuertos como la registrada este jueves en Londres-Gatwick que obligó a suspender las operaciones del aeropuerto londinense, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) ha afirmado que resulta «imposible» evitar estos actos delictivos, pese a las normativas, protocolos y sanciones administrativas y penales vigentes en España. Gatwick, el segundo aeropuerto de la capital británica, anuló todos sus vuelos ante la irrupción de dos drones ilegales cerca de una de las pistas, lo que fue calificado por la Policía como un «acto deliberado» (ver: Gatwick suspende vuelos por la presencia de drones en las cercanías).
No obstante, en abril de este año, un dron impactó con un avión comercial en las inmediaciones del Aeropuerto de Alicante-Elche, en la línea de costa, sin ocasionar daños materiales ni personales.
Aesa ha recordado a la agencia Efe que el nuevo marco normativo que regula el uso de aeronaves pilotadas por control remoto en España, del 29 de diciembre de 2017, es muy claro y establece dónde pueden volar estos aparatos y dónde les está prohibido.
En concreto, la normativa española prohíbe el vuelo de drones a menos de 8 kilómetros de distancia de un aeropuerto, que en el caso del de Madrid-Barajas esa distancia se amplía a 16 kilómetros.
En el caso de que un controlador aéreo detectara cualquier tipo de aeronave no autorizada dentro del área aeroportuaria, Aesa tiene acordado con Enaire un protocolo de actuación, por el que se suspenderían todos los vuelos y la Guardia Civil activaría un dispositivo especial para localizar al aparato y al piloto. Para AESA, la prioridad en este supuesto es salvaguardar la seguridad de los pasajeros. La propia Agencia aclara que la dificultad en el caso de que un dron incumpla la normativa es identificar al piloto.
Sanciones en España
En el ámbito administrativo, las sanciones por infringir la normativa para un piloto de un dron que no realice actividad comercial y no tenga conocimientos aeronáuticos van desde los 60 euros para la más leve hasta los 225.000 euros.
Las sanciones para personas físicas y jurídicas que realicen actividad comercial o tengan conocimientos aeronáuticos oscilan entre los 4.500 euros para las leves hasta los 4,5 millones de euros para las más graves.
Aesa insiste en sus recomendaciones sobre cuándo y dónde usar los drones y subraya la consideración de que estos aparatos son aeronaves y no juguetes.
La Guardia Civil puso en marcha el pasado agosto una unidad para el control de drones, el equipo Pegaso. La unidad, con misión en Madrid, ha permitido a los agentes proponer decenas de sanciones a estas aeronaves, aunque los incidentes con estos aparatos se han reducido notablemente.
En febrero de 2016, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió que los drones civiles constituían una «amenaza real y creciente» para los aviones civiles. En España la citada normativa de finales de 2017 incluye todas las recomendaciones de este organismo.
Fuente: hosteltur.com
