- La norma refuerza las competencias de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, precisa el cómputo de los tiempos de conducción e introduce cambios en la protección social y los coeficientes reductores de jubilación del personal ferroviario.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para reforzar la seguridad operativa del transporte ferroviario y ampliar la protección social de los profesionales del sector. Entre las principales novedades, la norma reconoce a los trabajadores con funciones de seguridad operativa la facultad de interrumpir la marcha de un tren o decidir no iniciarla cuando aprecien una situación de riesgo grave e inminente.
La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas, responde también a las reivindicaciones planteadas por los sindicatos. El texto aborda cuatro ámbitos: el cómputo de los tiempos de conducción, la supervisión de la seguridad ferroviaria, la incorporación de los principios de cultura justa y la protección social de los profesionales.
Los maquinistas podrán detener la marcha ante riesgos para la seguridad
El decreto incorpora a la Ley del Sector Ferroviario los principios de la denominada cultura justa y establece mecanismos para comunicar posibles riesgos operativos. El personal podrá utilizar canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad de quienes informen sobre estas situaciones.
La norma establece que no se impondrán sanciones cuando la información se comunique previamente, cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación. Asimismo, reconoce el derecho de los trabajadores a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas ante un riesgo grave e inminente, incluida la interrupción de la marcha de un tren o la decisión de no iniciarla. Estas actuaciones deberán comunicarse sin demora a los agentes correspondientes.
Otro de los cambios precisa qué actividades y periodos deben contabilizarse como tiempo de conducción. Se incluirán las maniobras que impliquen el manejo del vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que el maquinista mantenga la responsabilidad sobre el tren y deba atender a la circulación o a las maniobras.
También se computará íntegramente cada periodo inferior a 45 minutos entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo profesional, incluso cuando durante ese intervalo haya quedado relevado de la responsabilidad del vehículo o no tenga que prestar atención a la circulación. La regulación contempla igualmente las interrupciones de 45 minutos o más durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones.
El nuevo marco incluye los tiempos de conducción realizados en redes distintas de la Red Ferroviaria de Interés General. En los supuestos excepcionales en los que la conducción se efectúe por parejas de maquinistas, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo se contabilizará simultáneamente y de la misma manera para ambos.
Cambios en la jubilación y refuerzo de la supervisión
En materia de protección social, el Real Decreto-ley extiende el régimen previsto en el artículo 3 del Real Decreto 2621/1986 al personal de empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General. El objetivo es garantizar la igualdad de trato en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación entre profesionales que desempeñan las mismas funciones.
Además, se iniciará, con participación sindical, un procedimiento de revisión de estos coeficientes conforme al Real Decreto 402/2025. El proceso estudiará la posible inclusión de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.
Por último, la norma amplía las facultades de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Las personas y entidades sometidas a inspección deberán facilitar al personal supervisor el acceso a sus instalaciones y equipos. Esta obligación se extiende a las entidades ferroviarias cuando sea necesario acceder a sus instalaciones, material rodante u otros recursos para desarrollar las actuaciones de control, con independencia de quién sea su titular.
Artículo publicado originalmente por nexotur.com
